Las actuaciones de las Administraciones Públicas tradicionalmente no se han encontrado sujetas a la supervisión de las autoridades de competencia al no tener la consideración de operadores económicos. En la actualidad esta premisa no es válida y, en la medida en que actúan en el mercado pudiendo alterar las condiciones de competencia, resulta necesario que los organismos públicos encargados de velar por la libre concurrencia en el mercado puedan examinar sus conductas.
Esta aplicación del Derecho de la Competencia a las Administraciones Públicas se encuentra revestida de importantes dificultades técnicas, económicas y jurídicas que son objeto de estudio en detalle. Así, cuestiones de tanta importancia en la realidad jurídico-económica actual tales como hasta dónde debe alcanzar la aplicación del Derecho de la Competencia sobre las Administraciones Públicas; qué límites tiene y cómo se articulan los mismos; los problemas que se derivan de la contratación pública y el Derecho de la Competencia; o, cómo se desarrolla la función de advocacy, constituyen los principales focos de análisis del presente Libro.