Educar a la ciudadanía constituye un proyecto político de las sociedades democráticas que deben de tratar de compaginar los principios éticos de una educación en igualdad, para todos los ciudadanos y ciudadanas, con las posibilidades contingentes a la educación en cada sociedad. La igualdad, como aspiración ética de la racionalidad humana, exige en democracia acoplarse a un tiempo histórico-social y aterrizar en el campo de las posibilidades y de la realidad.
En este contexto, la escuela no puede seguir mostrándose neutral ante las diferencias que pondrían en cuestión una educación democrática. Por ello, Carmen Rodríguez Martínez cuestiona a lo largo del texto cuáles son los pricipios básicos para una educación democrática; cómo se articula la igualdad entre culturas, clases sociales y géneros; cuál es el umbral mínimo de una educación para la igualdad, y quién tiene legitimidad para decidir en educación.