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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan servicios públicos, ejercen potestades administrativas o celebran contratos con el sector público. Se analizan tanto las razones que justifican la sujeción de cada una de estas entidades a la transparencia como el alcance del derecho de acceso a la información que tienen en su poder, a la luz de la copiosa doctrina jurisprudencial, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y de sus homólogos autonómicos emanada desde la aprobación de la LTE.