La segunda mitad del siglo XVII resulta un periodo poco apreciado por los historiadores. Sin Olivares, Felipe IV parece no ser nada y que su Monarquía se mantuviera por inercia. Frente a esa interpretación hoy es posible un análisis del reinado mucho más ajustado a los hechos. En los años posteriores a la década de 1640, la visión de conjunto no resulta tan calamitosa como se ha querido describir, la actitud de gobernantes y gobernados no es pasiva. Las revueltas provinciales tuvieron respuestas imaginativas que pusieron las bases de un nuevo sistema. Su puesta en marcha se puede personalizar en el plan elaborado por el conde de Oñate para superar las revueltas italianas de 1647, administrando y gestionando el sometimiento de los rebeldes con una reforma en profundidad del marco político. Pero este marco diseñado para Italia permitió refundar la Monarquía sobre nuevos presupuestos. Don Juan José de Austria, legitimado por Felipe IV, personificó el nuevo pacto entre Rey y Reinos, pacificando los territorios y jurando las leyes en nombre de su padre en Nápoles, Sicilia, Cataluña y los Países Bajos. Un nuevo pacto que respondía a la queja “Viva el rey y muera el mal gobierno”, devolviendo al monarca la autoridad depositada en los virreyes. En este proceso de reconfiguración la Corte de Madrid gana estatura mientras que las Cortes virreinales la pierden, los Consejos amplían su jurisdicción e invaden competencias que antes correspondían a los virreyes y a sus oficiales; un ejemplo entre muchos es que incluso los oficios de su casa se nombran y deciden en Madrid (el 31 de marzo de 1650 el Consejo de Italia, por vez primera, nombró a los treinta y ocho continos de la compañía del virrey).